Durante los últimos dos años los grupos armados civiles que luchan para rescatar a sus comunidades de los abusos del crimen organizado ha ido en aumento. En particular existen dos movimientos que –aunque tienen orígenes distintos– confluyen en una demanda en común: seguridad y justicia. La Policía Comunitaria de Guerrero, creada en 1995 bajo los usos y costumbres de los pueblos indígenas, que intensificó su lucha desde finales del año pasado, y las autodefensas de Michoacán, conformado por civiles armados de la región de Tierra Caliente que surgieron en febrero de 2013. Aunque ambos movimientos están encabezados por la población cansada de los ultrajes del crimen organizado, su subsistencia y operación dista mucho de ser parecida: unos, los comunitarios de Guerrero, luchan con armas precarias, se trasladan en vehículos viejos, realizan colectas para pagar la gasolina y las mujeres se organizan para preparar entre todas un plato de frijoles con tortillas para que coman. A la precariedad se le suma la reciente campaña de persecución en su contra. Los están “cazando” y procesando, aseguran especialistas. Los otros, los autodefensas de Michoacán, tienen armamento de grueso calibre, se mueven en vehículos de lujo y recientemente el gobierno federal nombró a un grupo de ellos en Fuerza Rural Estatal, les dio uniformes y armas nuevas.
De acuerdo con especialistas existe un trato diferenciado por las autoridades, que deja entrever discriminación hacia los pueblos indígenas marginados de Guerrero y, también, dos estrategias distintas de desmovilización, criminalización y persecución para quienes no se “alinean” y dejan de ser funcionales, como es el caso de José Manuel Mireles Valverdde y la legalización para aquellos que aceptan formar parte del Estado.
Ciudad de México, 1 de julio (SinEmbargo).– El campamento está techado con una lona vieja y los policías comunitarios de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) son muchos, tienen hambre y se aglutinan para comer unas alas de gallina con frijoles y arroz. Están cansados, recién tomaron El Ocotito, un pueblo dominado por narcos, secuestradores y extorsionadores. Hay mujeres y niños chorreados corriendo y jugando con los perros.
Los hombres, los policías, son indígenas de La Montaña de piel tostada, menudos, con pómulos pronunciados, hombros huesudos y huaraches de cuero.
Las armas son escopetas viejas de caza y una que otra corta oxidada, pero que sirven para defender a sus familias del caos impuesto por los criminales.
Un jovencito trigueño se sienta para recibir su plato de frijoles. Su camiseta rasgada y sus pantalones viejos dejan ver la precariedad. No suelta su escopeta, se la cuelga del hombro y se prepara un taco.
La escena ocurrió hace unos meses en El Ocotito y es una fotografía cotidiana de los policías comunitarios guerrerenses. Su historia, conocida: se crearon hace 19 años y están amparados bajo el Artículo 2 constitucional que reconoce a los pueblos indígenas y a sus usos y costumbres.
Nacieron en La Montaña con la ayuda de un cura católico. Fue Mario Campos, párroco de Tlapa de Comonfort, quien en 1995 creó la Policía Comunitaria, hoy Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de Guerrero, para hacer justicia por su propia mano, debido a la impunidad que imperaba en las comunidades.
“Empecé trabajado por mejorar los caminos y carreteras, organizando con las catequistas la defensa de los bosques de los talamontes, luego, para 1995 se agudizaron los asaltos, asesinatos, violaciones sexuales, esto último lastimó el alma de la gente”, recuerda el sacerdote.
La primera Policía Comunitaria se creó en Santa Cruz del Rincón ante Notario Público. Desde entonces en Guerrero, los pueblos tomaron la justicia en sus manos. Improvisaron precarias “cárceles” para rehabilitar a los delincuentes comunes, hasta que el crimen organizado los superó, tomó comunidades, los hizo sus esclavos, con la ayuda de las autoridades del Estado, quienes se corrompieron y coludieron.
“Les entregábamos a los delincuentes y al rato ya andaban en la calle”, narra el padre Campos.
Fue entonces, que meses después del levantamiento de las autodefensas de Michoacán en contra de las extorsiones, violaciones, cobro de derecho de piso y secuestros, la Policía Comunitaria empezó a denunciar los mismos delitos en sus comunidades, sin obtener respuesta.
A finales de 2013 la situación reventó y al caos de Michoacán, se sumó el levantamiento de la UPOEG en Guerrero. Los campesinos dejaron sus tierras y bajaron de la sierra para rescatar a los municipios secuestrados por los criminales.
Para principios de este año los enfrentamientos eran cara a cara. Los comunitarios aún con sus escopetas viejas de caza, lograron limpiar varios municipios de los criminales y amenazaron con tomar la capital de Guerrero, Chilapancigo.
Sin embargo, con el paso de los meses la situación en la entidad lejos de mejorar, empeoró y hoy, la Policía Comunitaria acusa al gobierno del perredista Ángel Aguirre Rivero de perseguirlos y deternelos bajo cualquier cargo.
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“Antes nos sentíamos orgullosos de decir que somos indígenas y policías, lo hacíamos con orgullo, ahorita ya no cargo mi credencial de la UPOEG para que no me detenga nadie. Yo tengo varias órdenes de aprehensión. Ahora cuando hay un retén, tengo que decir que soy un vendedor”, dice Miguel Ángel Jiménez Blanco, promotor de la UPOEG y comandante del Sistema de Seguridad y Justicia y Ciudadana (SSJC) de Xaltianguis, Guerrero.
En enero, la Policía Comunitaria todavía podía transitar por las carreteras de Guerrero y reunirse con algunas autoridades estatales para intentar negociar sus demandas. Hoy viven perseguidos. En los retenes, Miguen Ángel dice que es un vendedor, pues si descubre que es un policía comunitario, se lo llevan preso.
Todo por no aceptar “un regalo al diablo”, que incluye “vender el alma” y sentarse a negociar como lo hicieron las autodefensas de Michoacán, dice.
“Ellos porque le aceptaron un regalo al diablo y al hacer eso, se vende el alma, nosotros no, queremos que nos respeten y nos dejen defendernos, si ellos no lo hacen”, dice.
Pero a ellos nadie les ofreció un uniforme ni un AR-15 nuevecita para convertirlos en Policía Rural Estatal, sino todo lo contrario, el viernes 13 de junio fue detenido uno de los líderes de la UPOEG junto con otros ocho comunitarios.
Elementos de la policía del Estado llegaron a Xaltianguis y detuvieron a Maximino Moreno Acuña, conocido como “Comandante Santos” a golpes. Le pegaron a todo el que se cruzó en su camino: a los comunitarios, a los curiosos y a las mujeres.
“Ganas de llorar me dieron cuando vi a uno de mis compañeros, me dio profunda tristeza y coraje, tenía las costillas quebradas, una mano destrozada y la cara toda golpeada. Cuando yo lo vi, ya lo había bañado, pero se le notaba. No sólo les pegaron a ellos, también golpearon a los pobladores que llegaron de mirones durante el operativo. Se metieron a las casas”, cuenta Migue Ángel.
Esos nueve policías comunitarios están acusados de secuestro. Sobre Miguel Ángel pesan decenas de órdenes de aprehensión, una de ellas por el secuestro del asesino de 22 personas de la región.
“Es un joven de aquí, un asesino que empezó a matar a los 15 años y a sus 19, ya llevaba 22 gentes y varios secuestros. Nosotros lo agarramos y aplicamos nuestra ley como policía comunitaria, ahora resulta que, ¿me van a detener por agarrar a ese asesino? No, no lo acepto. Si yo cometo un error sí, yo pago, pero ese no es un error”, asegura.
Miguel Ángel también sabe que si lo agarran, la tortura será segura.
“Cuando agarran a un compañero, ha sido torturado, nos están cazando y nos destrozan. El gobierno no puede seguir haciendo esto”, dice.
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Mientras el policía comunitario de Guerrero es perseguido y torturado, el gobierno mexicano optó por otra estrategia con las autodefensas de Michoacán.
El día que le pusieron su uniforme nuevo, Arturo Barragán, un ex autodefensa de Tepalcatepec, irradiaba felicidad.
Arturo, un hombre de mediana estatura, tez blanca y bigote ralo, marchó junto con otro centenar de elementos de la Fuerza Rural Estatal, marcó el paso y se tomó fotografías en el evento protocolario del Comisionado Alfredo Castillo Cervantes.
Ese día fue triunfal para aquellos hombres que en febrero de 2012 se levantaron en armas cansados de lidiar con Los Caballeros Templarios.
Ganaderos, agricultores, maestros, médicos y comerciantes, todos ellos se unieron para recuperar Tepalcatepec y el resto de los municipios de Tierra Caliente.
“Todo lo que esté en contra de la Ley, lo vamos agarrar. No son las mismas gentes, cuando empezamos eran demasiados templarios, estaban ocupado todo Michoacán, y ya andaban por otros lados”, dijo en esa ocasión.
Para Arturo su prioridad es cuidar el municipio y servir a la población, ahora ataviado con un uniforme azul que dice que es policía y apoyado en una AR-15 con todas las de la Ley.
De acuerdo con Castillo Cervantes, esos hombres que libraron sangrientos enfrentamientos con los narcos de la región, como civiles armados en contra de las leyes, hoy están capacitados para hacer frente a la delincuencia como elementos del Estado.
Pero esta afirmación está en entredicho pues hace un par de semanas fue acribillado un elemento de la Fuerza Rural de Tepalcatepec, Santiago Moreno Valencia, con su esposa y sus tres hijos. El primer ataque contra la recién inaugurada policía de Alfredo Castillo.
GOBIERNO NO HA DEFINIDO ESTRATEGIA
De acuerdo con especialistas, el gobierno federal no ha sido claro en cuanto a la posición que toma frente a las autodefensas y las policías comunitarias.
En el caso específico de las autodefensas de Michoacán hay una aplicación discrecional y faccioso de la aplicación del estado de derecho de los civiles que se armaron para enfrentar al crimen organizado.
El viernes pasado José Manuel Mireles Valverde, ex vocero de las autodefensas, fue detenido a través de un operativo de más de 500 elementos, junto con un grupo de 69 personas que formaban parte del grupo de civiles que no quiso “alistarse” a la Fuerza Rural Estatal de Alfredo Castillo.
“Es una cuestión de los arreglos no escritos. En la medida que Mireles desafía al gobierno federal se le empieza a aplicar la ley. Hay una uso discrecional, faccioso, del estado de derechos en el país, particularmente en Michoacán. Las acusaciones en contra de Mireles, como el uso de armas prohibidas de uso exclusivo del Ejército, todos los grupos violan la ley y no les hacen nada. Para mí esto es sintomático de un esquema y razonamiento discrecional que tiene el gobierno”, dice Erubiel Tirado Cervantes, miembro del Seminario de Investigación y Educación en Estudios de Defensa y Seguridad y especialista en Relaciones Civiles Militares de la Universidad Iberoamericana.
Si los grupos dejan de ser funcionales, se les busca neutralizar y se salen del esquema, se les aplica la ley. “El gobierno tiene que ser claro y explicarle a la sociedad qué es lo que está pasando”, indica Tirado.
En el caso de Guerrero, Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, dice que existe una estrategia del gobierno de criminalizar a los líderes más visibles y radicales de la Policía Comunitaria.
Les fincan delitos y los arrestan como si fueran delincuentes de alta peligrosidad.
“No sólo es la expresión de un trato discriminatorio, tiene que ver con la desmovilización, el desmantelamiento de las policías comunitarias. Si algo tiene todavía de prestigio este movimiento de los pueblos indígenas, es que es del pueblo, elegida por una comunidad, se trata de un cargo comunitario, con un compromiso serio de velar por la seguridad”, dice.
Barrera Hernández, un hombre que vive en La Montaña y conoce de cerca a la Policía Comunitaria desde su fundación, recuerda que esos hombres que trabajan con equipo precario y rudimentario, han hecho el trabajo que el Estado les ha negado.
“Ahora es catalogada como una justicia indígena, salvaje y se le trata de fragmentar, disminuir su fuerza, se trata de desmovilizarlos, porque hay una empatía muy fuerte en la sociedad y la policía. Ellos no le apuestan a su armamento, ni a la demostración de fuerza, sino a ganarse la confianza del pueblo”, explica.
Rodrigo Gutiérrez Rivas, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), coincide en que lo que sucede en ambos casos, Guerrero y Michoacán, es una estrategia de desmovilización y hasta cierto, con un sesgo discriminatorio.
En el caso de la Policía Comunitaria la lógica es trabajar a través de infiltrados y de la criminalización de los elementos de la UPOEG.
“Sí hay un trato diferente no justificado, aunque el gobierno puede decir que está justificado un trato diferente porque son procesos distintos, sí preocupa en tal caso que a las comunidades indígenas se les esté persiguiendo invisibilizando y a otros grupos no.
Frente a demandas parecidas, hay un trato desigual, no razonable, eso es discriminatorio”, dice.
El modelo de Guerrero, se volvió replicable y por lo tanto, preocupante. Entonces empezaron los acosos y el abandono. En el caso de Michoacán, fue el hartazgo que estalló socialmente y mediaticamente a nivel nacional. El caso obligó al gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto a reaccionar y enviar el mensaje de que el problema se resuelve.
El gobierno tiene a dos escenarios: un territorio marginal, de gente pobre, localizada fuera de los ámbitos de resonancia mediáticas, cuyas prácticas de justicia “irritan” al Estado y por otro lado, a una zona productiva, donde hay ganaderos, aguacateros, comerciantes y uno de los nodos logísticos más importantes del país; el Puerto de Lázaro Cárdenas, detalla José Antonio Farías, Investigador del Instituto de Investigaciones sobre Desarrollo Sustentable y Equidad Social de la Universidad Iberoamericana (UIA).
Pero para el criminólogo Pablo Monzalvo Pérez, ambos grupos armados están fuera de la legalidad y el Estado, simplemente es incapaz de tomar una decisión sabia e inteligente.
“Los usos y costumbres no justifican, no vivimos en un régimen jurídico de costumbres, la ley no da lugar a ese tipo de soluciones y en el caso de Michoacán sólo se trata de una cobertura política, ahí está metiendo las manos el gobierno federal a través de un comisionado, en Guerrero no”, dice.
